El TSJCyL confirma la anulación del Plan de Residuos Industriales al no concretar la ubicación de los centros y declara ilegal la planta de residuos tóxicos de Ólvega (Soria)
El Supremo confirma la anulación del Plan de Residuos Industriales al no concretar la ubicación de los centros
Ecologistas en Acción reclama a la Junta de Castilla y León que se anulen las autorizaciones de las instalaciones existentes en la Comunidad y que no se den las que están pendientes
Castilla y León 09/11/2011
El Tribunal Supremo confirma la anulación del programa de infraestructuras del Plan de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010 por no establecer una ubicación concreta de los centros de eliminación de residuos. Así, respalda de este modo la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de junio de 2007, en la que estimó parcialmente el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción y que fue recurrida por la Junta ante el Supremo en casación.
El Supremo desestima el recurso planteado por la Administración regional y mantiene en el fallado por el TSJ e impone el pago de las costas procesales, con el límite de 4.000 euros. La sentencia establece que de acuerdo a la legislación nacional y también la comunitaria «los planes de gestión deben prever criterios de localización espacial o geográfica de los lugares de eliminación de residuos y por ello han de incluir un mapa que señale su emplazamiento que se dará a los lugares de eliminación de residuos o unos criterios de localización precisos para que la autorización competente para expedir una autorización». «Estos requisitos no se cumplen», recoge la sentencia. Además, dice que la determinación que contiene es solo «aparente» ya que indica tres zonas de una «amplitud desmesurada» en las que se pueden autorizar instalaciones y incluso establece que se pueden hacer fuera de ellas.
Regeneración. Asimismo, anula el objetivo específico de regeneración de sólo el 40 por ciento de los aceites de automoción recogidos en 2010, al considerarlo ilegal ya que el Real Decreto establece que los agentes responsables de la puesta en el mercado de aceites industriales están obligados a alcanzar un 65 por ciento a partir de enero de 2008. Desde Ecologistas en Acción explicaron que pondrán esta sentencia en conocimiento de todos los órganos judiciales que hayan otorgado o tengan que hacerlo las autorizaciones para la puesta en marcha de estas instalaciones, explicó el portavoz de este colectivo en Valladolid, Miguel Ángel Ceballos.
Además, pidió a la Junta que «trabaje, después de 20 años con los brazos cruzados» y redacte un plan que tenga en cuenta las necesidades de la Comunidad y que la Administración controle las instalaciones de residuos peligrosos y evitar así que, como sucede en la actualidad, estén bajo la iniciativa privada y se conviertan en «un foco de atracción» para las industrias de otras los procedentes de Madrid y el País Vasco.
Por eso, trasladarán este asunto al Consejo Asesor de Medio Ambiente para que se ponga solución a una situación «lamentable». En este sentido, el responsable de Ecologistas en Acción en Burgos, Luis Oviedo, hizo un llamamiento a la Junta para que no busque «recovecos legales» para solucionar este problema y cree leyes singulares para sacar adelante sus proyectos.
El TSJCyL declara ilegal la planta de residuos tóxicos de Ólvega, Soria Ecologistas en Acción exige a la Junta que ponga coto al tráfico de residuos peligrosos hacia la región rtcyl.es
La planta de Distiller en Ólvega tiene capacidad para tratar 35.000 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos de Aragón, el País Vasco, Madrid, Navarra y La Rioja
Europa Press / Valladolid – sábado, 03 de diciembre de 2011
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado la autorización ambiental otorgada en 2009 por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León a la mercantil catalana Distiller, S.A. para la instalación de una planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos en la localidad soriana de Ólvega.
La anulación se fundamenta en una anterior sentencia de 2007 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, confirmada el mes pasado por el Tribunal Supremo, que ha anulado el Programa de Infraestructuras del Plan de Residuos Industriales de Castilla y León 2006-2010, según informaron a Europa Press fuentes de Ecologistas en Acción.
A la vista de la jurisprudencia europea, el nuevo fallo concluye que “procede declarar la nulidad de la Orden por la que se concede autorización ambiental [a Distiller], por cuanto que falta el presupuesto base de la existencia de unos planes de gestión que concreten los lugares en la forma establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”.
En relación a la actitud de la Junta de Castilla y León, la Sala señala que “no se acredita esta situación extrema de no contar con lugares de eliminación de residuos y lo que se acredita es una voluntad de no recoger unos adecuados planes, en la forma exigida por la Directiva, para, amparándose en esta cierta amplitud que permite la indicada sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, conceder las autorizaciones sin una previa determinación de un criterio planificado de ubicación”.
35.000 TONELADAS ANUALES
La planta de Distiller en Ólvega tiene capacidad para el tratamiento de 35.000 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos, procedentes en su mayoría de Aragón, el País Vasco, Madrid, Navarra y La Rioja. Fue inaugurada el pasado mes de marzo por la ex-consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, “firme partidaria de la importación de residuos tóxicos a la región como una oportunidad de negocio”, tras obtener la empresa catalana unas subvenciones públicas de 4,5 millones de euros.
EA se ha felicitado por la sentencia del TSJCyL, que ayudará a cortar el tráfico de residuos tóxicos que ha convertido en los últimos años a Castilla y León en el principal receptor nacional de estos desechos, “gracias a las facilidades dadas por la Junta de Castilla y León para la instalación de todo tipo de instalaciones de tratamiento físico-químico, incineración y vertido”, como, en su opinión, la ahora declarada ilegal, la nueva planta de la empresa también catalana Indureco en Venta de Baños (Palencia), paralizada judicialmente, las incineradoras de residuos peligrosos autorizadas en Carrión de los Condes (Palencia) y Medina de Pomar (Burgos) o la planta y el vertedero de residuos tóxicos de Cetransa en Santovenia de Pisuerga (Valladolid).
Por ello, EA demanda la urgente redacción de un nuevo Plan de Residuos Industriales que sustituya al ya expirado, con la participación de todos los agentes interesados, que priorice de manera efectiva la reducción (en especial de los residuos peligrosos), la reutilización y el reciclado de los residuos, ponga coto al tráfico de residuos tóxicos hacia Castilla y León y determine con suficiente precisión la naturaleza y localización de las instalaciones de eliminación y valorización necesarias para los residuos de la industria de Castilla y León, que deberían ser de titularidad pública en el caso de los tóxicos para extremar el control de su operación.
